La Cámara Automotor Boliviana (CAB) ha indicado que: cerca de un millón de vehículos indocumentados, conocidos como “chutos”, circulan actualmente en el país y podrían ser objeto de una nueva nacionalización. Así lo reveló el director ejecutivo de la institución, Luis Orlando Encinas, en una declaración que pone en el centro del debate la legalidad, el impacto económico y la seguridad ciudadana.
Según la CAB, esta cifra representa una “avalancha” de motorizados que ingresaron al país sin cumplir requisitos aduaneros ni técnicos. La legalización de estos vehículos, como propone el Partido Demócrata Cristiano (PDC), podría generar una competencia desleal para el sector formal, que aporta más de 500 millones de dólares anuales en impuestos y sostiene más de 60 mil empleos directos e indirectos.
Encinas advirtió que una nueva amnistía, similar a la Ley 133 de 2011, “castigaría a quienes cumplen la ley y premiaría al contrabando”, debilitando el Estado de derecho y fomentando el crimen organizado.
Además del perjuicio económico, la CAB señala que muchos de estos vehículos no cumplen estándares técnicos ni medioambientales, lo que podría agravar los niveles de contaminación y aumentar los riesgos viales. “Es pan para hoy y hambre para mañana”, declaró Encinas, en referencia a la presión que estos vehículos ejercerían sobre el sistema de subsidios de combustibles.
La Cámara exige al Estado boliviano fortalecer la vigilancia fronteriza y aplicar la normativa vigente, que establece el decomiso de vehículos sin documentación. También alertó sobre el incremento del robo de autos en países vecinos, como Chile, vinculado al anuncio de posibles nacionalizaciones.
La propuesta de legalización ha generado tensiones entre sectores formales y actores políticos. Mientras algunos ven en ella una oportunidad de regularizar una realidad que ya existe, otros advierten que podría abrir las puertas a una nueva ola de contrabando y corrupción.