Analistas advirtieron este jueves que con la declaratoria de nulidad de la sesión de la Asamblea Legislativa por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) autoprorrogado y la sanción de cuatro leyes, una de ellas que cesa el mandato a los magistrados prorrogados, se viene una batalla legal y política. Sin embargo, aseguran que quedó claro que el presidente Luis Arce perdió control del Legislativo.
“Hay dos puntos de vista, el político y el jurídico. El punto de vista político este es un duro golpe al presidente Luis Arce porque se evidencio que él no tiene mayoría y pese a los intentos de destruir a la Asamblea con sus aliados, los magistrados autoprorrogados, no lo consiguió”, declaró el analista político Paul Coca a Brújula Digital.
El experto consideró que el único aliado que le queda al presidente Arce es la administración de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), conformado por autoprorrogados. “Desde el punto de vista jurídico, si bien Andrónico (Rodríguez, como presidente en ejercicio de la Asamblea) cumplió con todos los procedimientos jurídicos (…) el TCP consiguió el freno a su competencia. Pese a todo ello puede haber toda una batalla legal respecto a la notificación y la hora en que fue entregado”, afirmó.
Andrónico Rodríguez ocupó la presidencia de la Asamblea luego de que Luis Arce viajó a Rusia y dejó a David Choquehunaca dirigiendo al país y convocó a la Asamblea Legislativa.
La mañana del miércoles, la Vicepresidencia del Estado dio curso a la convocatoria hecha por Andrónico Rodríguez, quien asumió la titularidad de la Asamblea debido a que Choquehuanca es el presidente en ejercicio tras el viaje a Rusia del presidente Arce.
En un poco más de dos horas, la Asamblea, que sesionó con amenaza de fumigación, sin energía eléctrica ni sonido, sancionó este jueves tres proyectos de ley: créditos internacionales, fin a autoprorrogados, continuidad de las elecciones judiciales e indultos en cárceles.
El Ejecutivo intentó, por todos los medios, suspender la sesión de este jueves y consiguió que el TCP autoprorrogado declarara nula la sesión. “Sabemos que el Gobierno tiene la justicia de su lado y va a hacer todos a su alcance para que lo de hoy no vaya más allá, es decir, no darle ningún tipo de validez pese a que había quórum y pese a que las leyes se aprobaron por unanimidad”, aseguró el analista Carlos Cordero a Brújula Digital.
Legisladores arcistas acusaron a Andrónico desde usurpación de funciones hasta con procesos penales. El analista Coca consideró que esa es “una gran posibilidad” y teme que en ese aspecto también se viole la Constitución. “Las leyes son claras, el mandato de los asambleístas, en el ejercicio del cargo, tienen protección del fuero parlamentario. Pero sabemos cuál es la respuesta del Ministerio Publico. Pero no deberían actuar contra asambleístas que están ejerciendo sus funciones”.
El propio Andrónico Rodríguez, tras la sesión, dijo que pusieron a consideración “el pedido y la demanda del pleno de la Asamblea. Es decir que el pleno de la Asamblea es el responsable de haber llevado esta sesión”.
“En consecuencia, se vendrán amenazas, procesos, notificaciones, cedulones. Lamentablemente, las salas constitucionales parecieran que se han convertido en salas gubernamentales. La justicia, con una simple declaración constitucional extiende su mandato y se convierte en un suprapoder”, afirmó Rodríguez.
El analista Cordero consideró que la legalidad la va a definir el propio sistema político y la Asamblea. “Seguramente habrá mucha controversia. Habrá funcionarios del Ejecutivo y autoridades quienes dirán que no es legal todo lo que hicieron. También habrá otros representantes nacionales que dirán que las leyes sancionadas son perfectamente legales y se dirimirá con el tiempo”.
Para Cordero, lo importante es saber qué piensa la opinión pública respecto de estas actuaciones. “Más allá de la controversia política y jurídica la opinión pública estará a favor de todo lo que hicieron hoy (jueves) en esta sesión porque la función de un representante nacional es la de aprobar leyes, de construir consensos, de servir al país. Si estos legisladores aprobaron normas y creen que con ellas están sirviendo al país; el juicio final lo dirá el ciudadano. Los van a premiar o sancionar en el 2025”, dijo.
Vía: Burbuja Digital