El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, tras la denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. La acusación lo responsabiliza de los 53 días de bloqueo de carreteras que paralizaron Bolivia y provocaron pérdidas económicas millonarias.
El Comité Cívico se constituyó como víctima y denunciante. Señala a Morales, junto a Mario Argollo de la COB y Vicente Salazar de la organización Túpac Katari, como impulsores de las medidas de presión. La Fiscalía admitió la denuncia y abrió investigación por nueve delitos, entre ellos terrorismo, alzamiento armado y asociación delictuosa.
Los bloqueos dejaron más de 20 fallecidos por falta de atención médica y pérdidas superiores a 3.000 millones de dólares en transporte, comercio y producción. Los denunciantes sostienen que existe riesgo de nuevas movilizaciones si los acusados no son detenidos.
El Comité Cívico exige que la justicia actúe con rapidez y convocó a las víctimas a sumarse al proceso. Morales, en anteriores ocasiones, denunció persecución política y aseguró que no huirá del país.
El caso profundiza la polarización nacional. De un lado, los cívicos y empresarios reclaman justicia y resarcimiento. Del otro, sindicatos y organizaciones sociales afines al expresidente defienden su liderazgo y denuncian una ofensiva política en su contra.