La Central Obrera Boliviana (COB) emitió en mayo de 2026 un comunicado oficial en el que exige la renuncia inmediata de Rodrigo Paz Pereira y del presidente del Senado, Lara. El gremio acusa a ambos de corrupción y plantea la convocatoria a nuevas elecciones en un plazo de noventa días. Además, prohíbe que estas figuras vuelvan a postularse a cargos públicos, argumentando la defensa de la justicia social y los derechos constitucionales.
El documento refleja la decisión del movimiento obrero de intensificar sus medidas de presión hasta lograr una transformación democrática en el país. La COB advierte que las movilizaciones no cesarán mientras no se cumplan sus demandas.
Las protestas se han extendido por más de cuatro semanas. Miles de trabajadores marchan desde El Alto hacia La Paz, mientras se mantienen bloqueos en seis departamentos. Se reportan setenta y siete puntos de bloqueo que afectan el transporte y el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles. La escasez de oxígeno en hospitales y la paralización del transporte han generado un impacto social severo.
El Gobierno de Rodrigo Paz intentó abrir corredores humanitarios y derogó la Ley de Estados de Excepción para desactivar críticas, pero las medidas no lograron frenar la presión sindical. La COB insiste en que no habrá diálogo mientras no se produzcan las renuncias exigidas y se liberen dirigentes perseguidos.
La crisis también ha evidenciado divisiones dentro del sindicalismo. La Central Obrera Departamental del Beni y otras regionales se desmarcaron de la línea dura, rechazando los bloqueos y defendiendo el respeto al voto popular.
En conclusión, el comunicado de la COB marca un punto crítico en la política boliviana. Mientras el Gobierno busca sostenerse con medidas legales y llamados al diálogo, el movimiento obrero mantiene la presión en las calles. El futuro inmediato depende de si se cumplen las exigencias de renuncia y elecciones anticipadas, en un escenario de alta tensión democrática.