La noche del miércoles 30 de septiembre de 2026, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron aprehendidos en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. El operativo se realizó en medio de gran incertidumbre: hasta ahora no se conoce qué autoridad ejecutó la intervención ni cuáles son los motivos oficiales de las detenciones.
Los fiscales fueron interceptados dentro de la terminal aérea cuando se disponían a viajar hacia Sucre. Versiones preliminares señalan que habrían sido trasladados a La Paz, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente. La ausencia de datos claros ha generado un clima de tensión institucional y política.
El contexto de estas aprehensiones está marcado por las recientes sanciones anunciadas por Estados Unidos. Apenas dos días antes, el Departamento de Estado revocó las visas de Mariaca y Zeballos. En el caso del fiscal general, se lo acusó de solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y proteger a criminales violentos. Mariaca rechazó categóricamente estas acusaciones y defendió la independencia del Ministerio Público. Zeballos, por su parte, pidió al Gobierno boliviano gestionar información oficial por vía diplomática sobre la revocatoria de su visa.
El Gobierno nacional había solicitado a Washington los fundamentos de las sanciones y aseguró que Mariaca continuaba en funciones mientras no existiera una decisión judicial en su contra. Sin embargo, la aprehensión de ambos fiscales incrementa la incertidumbre institucional y política. Se espera un pronunciamiento oficial que esclarezca quién ordenó el operativo, cuáles son los delitos investigados y cuál será la situación jurídica de Mariaca y Zeballos.
La detención de las máximas autoridades del Ministerio Público genera un vacío de poder y cuestiona la estabilidad del sistema judicial boliviano. Además, el caso se vincula directamente con las sanciones de Estados Unidos, lo que podría tensar las relaciones diplomáticas. En el plano político, la oposición y diversos sectores sociales podrían interpretar el operativo como una acción con motivaciones políticas, mientras el Gobierno busca respaldo legal para esclarecer las acusaciones.