El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes la revocación de visas a 13 autoridades y exautoridades bolivianas, acusadas de estar involucradas en actos de corrupción. La medida les impide ingresar al territorio estadounidense y se enmarca en una política regional contra el narcotráfico y la corrupción.
En el mismo comunicado, el Gobierno norteamericano advirtió que trabaja para imponer restricciones adicionales a otros 20 funcionarios bolivianos. “El Departamento está tomando medidas para imponer restricciones de visa a otros 20 funcionarios bolivianos corruptos”, señala la publicación oficial difundida en redes sociales.
La lista inicial incluye jueces, fiscales y exministros. Entre ellos figuran el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores, la jueza anticorrupción Albania Chane Caballero Saavedra y el exministro de Justicia Iván Lima Magne. El caso más llamativo es el del fiscal general de Bolivia, Róger Mariaca, acusado de aceptar sobornos de narcotraficantes para facilitar sus operaciones.
El anuncio generó una reacción inmediata en La Paz. El Gobierno boliviano pidió pruebas concretas a Washington y defendió la independencia de sus instituciones. Mariaca rechazó los señalamientos y afirmó que continuará con sus investigaciones. Declaró: “Cooperación, sí; injerencia, no. Diálogo, sí; imposición, no”.
La medida no se limita a Bolivia. Según el Departamento de Estado, también se aplican sanciones a funcionarios de Colombia, Ecuador y Perú, alcanzando a un total de 27 personas y sus familias. Estas acciones forman parte de la iniciativa Escudo de las Américas, que busca coordinar esfuerzos regionales contra la corrupción y el narcotráfico.
Con este nuevo paso, Estados Unidos abre un frente de tensión diplomática con Bolivia y refuerza su política de sancionar a quienes, según sus criterios, socavan gobiernos democráticamente elegidos. El impacto interno podría derivar en investigaciones parlamentarias y mayor presión sobre el Ministerio Público.