Tras el instructivo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena revisar los plazos de detención preventiva de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, las víctimas de Senkata expresaron su profunda preocupación por lo que consideran una maniobra política para favorecer a líderes opositores vinculados a la crisis de 2019.
David Inca, representante de las víctimas de Senkata, afirmó que esta disposición judicial refleja una intención de congraciarse con el nuevo gobierno, que según proyecciones electorales será de derecha. “La justicia está buscando quedar bien con quienes asumirán el poder. No es coincidencia que esta revisión se ordene justo después de los resultados electorales”, declaró Inca en contacto con medios locales.
El instructivo N.º 18/2025, firmado por el presidente del TSJ, Romer Saucedo Gómez, instruye a los Tribunales Departamentales de Justicia verificar en un plazo de 24 horas el cumplimiento de la medida cautelar de detención preventiva en los casos de los tres exlíderes políticos. La medida ha sido celebrada por los acusados, quienes enfrentan procesos por los hechos de 2019, incluyendo los casos Senkata y Sacaba.
Inca lamentó además que, debido a la campaña promovida por Evo Morales en favor del voto nulo, el Movimiento al Socialismo (MAS) no contará con representación suficiente en la Asamblea Legislativa. “Ahora, con dos tercios en manos de la derecha, se abre la puerta a la impunidad. Jeanine Áñez podría ser absuelta en un juicio de responsabilidades”, advirtió.
Ante lo que consideran una falta de garantías judiciales en el país, las víctimas anunciaron que acudirán a instancias internacionales. “Si aquí no hay justicia, iremos a donde sí se respeten los derechos humanos. No vamos a permitir que se borre la memoria de Senkata”, concluyó Inca.
La revisión de los casos ha reactivado el debate sobre el uso prolongado de la detención preventiva en Bolivia, donde más del 58% de los privados de libertad no tienen sentencia firme. Mientras tanto, el Gobierno asegura respetar la independencia judicial y llama a extender esta revisión a toda la población penitenciaria.