El reciente instructivo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordena revisar en un plazo de 24 horas las medidas de detención preventiva de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, ha generado una ola de reacciones en el ámbito político y judicial. La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, calificó la disposición como una “medida política” que favorece exclusivamente a tres figuras opositoras, dejando fuera a miles de ciudadanos que también cumplen detención preventiva.
Arraya cuestionó el momento en que se emitió el instructivo —justo después de las elecciones generales— y advirtió que podría tener implicancias directas en la segunda vuelta presidencial. “No es casual que se tome esta decisión en este momento. Camacho, Pumari y Áñez representan un bloque político que aún tiene capacidad de influencia electoral”, afirmó.
El instructivo Nº 18/2025, firmado por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, ordena a los tribunales departamentales verificar de oficio si se han excedido los plazos legales de detención preventiva en los casos de los tres líderes opositores. La medida se fundamenta en el artículo 3 de la Ley 025 y en tratados internacionales que garantizan el debido proceso.
Desde la oposición, la decisión fue celebrada como un acto de “reparación judicial”. La expresidenta Áñez declaró que, tras más de cuatro años de prisión, la disposición representa “una reparación, no un regalo”. Por su parte, Marco Pumari denunció que fue víctima de una “justicia corrupta” y pidió que la revisión se extienda a todos los detenidos preventivos.
Sin embargo, voces como la del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, recordaron que el 58,2% de los privados de libertad en Bolivia están en detención preventiva, lo que evidencia un problema estructural más allá de los casos emblemáticos.
La controversia se intensifica ante la cercanía de la segunda vuelta electoral, donde el bloque opositor podría capitalizar esta medida como símbolo de persecución política y falta de garantías judiciales. Mientras tanto, sectores oficialistas exigen que la justicia actúe con equidad y no bajo presión política.