En una medida sin precedentes que apunta a combatir la mora judicial y fortalecer las garantías procesales, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia emitió el Instructivo N°19/2025, ordenando la organización inmediata de jornadas de verificación de los plazos de detención preventiva en todo el país.
La disposición, firmada por el presidente del TSJ, Dr. Rómer Saucedo, está dirigida a todos los Presidentes de Tribunales Departamentales, quienes deberán implementar estas jornadas en un plazo de 24 horas desde la notificación. El objetivo es revisar caso por caso si los detenidos preventivos continúan privados de libertad más allá del tiempo legal permitido, vulnerando el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
El instructivo también aborda una problemática recurrente: la distancia entre el lugar del proceso judicial y el centro de reclusión del imputado. En estos casos, se ordena el traslado del detenido al distrito donde se sustancia su causa. De manera excepcional, se autoriza el uso de medios tecnológicos para audiencias virtuales, siempre que se respeten las formalidades legales y los derechos del procesado.
La medida surge tras protestas de reclusos en distintas cárceles del país, quienes exigieron trato igualitario frente a la revisión de detenciones preventivas de figuras políticas como Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Delegados de Palmasola y Villa Busch se declararon en emergencia nacional, denunciando que el sistema judicial vulnera el principio de igualdad ante la ley.
Según datos del Régimen Penitenciario, más de 18.000 personas se encuentran bajo detención preventiva en Bolivia, y al menos 11 de ellas han superado el año de privación de libertad sin sentencia. La revisión ordenada por el TSJ podría significar un alivio para miles de internos y una oportunidad para descongestionar los recintos penitenciarios.
La instrucción del TSJ es interpretada por juristas como un intento de uniformar criterios, garantizar el debido proceso y evitar el uso excesivo de medidas cautelares. Se espera que estas jornadas de verificación marquen un antes y un después en la administración de justicia boliviana.