En respuesta a un instructivo emitido por el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija ha iniciado un plan de verificación de plazos de detención preventiva en todo el departamento. Así lo informó el presidente del Tribunal, Luis Esteban Ortiz Flores, en una conferencia de prensa que reunió a medios locales.
El instructivo N° 19-20-25, fechado el 25 de agosto, ordena a los tribunales departamentales organizar jornadas de revisión para verificar si los plazos de detención preventiva están siendo respetados. Ortiz Flores confirmó que el documento fue recibido formalmente el día 26 y que de inmediato se emitieron directrices internas para jueces penales de capital y provincias.
Las jornadas se llevarán a cabo en los centros penitenciarios de Morros Blancos, El Palmar, y las carceletas de Bermejo, Entre Ríos y Villamontes. El objetivo es identificar a personas privadas de libertad que han superado los plazos legales sin sentencia ni acusación formal.
Según estimaciones preliminares, solo en la capital hay más de mil privados de libertad. A esta cifra se suman los internos de otras regiones del departamento. El Tribunal ha solicitado una actualización urgente de datos para diferenciar entre detenidos preventivos y condenados, así como para clasificar los delitos que enfrentan.
Ortiz reconoció que en el penal de Morros Blancos más del 50% de los internos están bajo detención preventiva, una cifra que podría variar tras el relevamiento oficial.
La ley establece plazos específicos, seis meses en la etapa inicial del proceso, y hasta 24 meses si no hay acusación ni sentencia. Sin embargo, delitos graves como violación a menores, feminicidio, narcotráfico o corrupción están excluidos de esta verificación por disposición legal.
El magistrado calificó como “exagerado” el caso de personas que llevan hasta ocho años detenidas sin sentencia ejecutoriada. Explicó que mientras no se concluya la fase de casación, la detención sigue siendo preventiva, aunque ese tiempo se computa como parte de la pena si se dicta condena.
La autoridad judicial también denunció un problema estructural en el sistema judicial boliviano. A pesar del crecimiento demográfico de Tarija, el número de vocales del Tribunal no ha cambiado en más de 30 años. “Seguimos con ocho vocales desde la época de la Corte Superior”, afirmó. Además, se ha reducido el número de tribunales de sentencia de tres a uno, lo que agrava la congestión procesal.
A pesar de estas limitaciones, el Tribunal ha impulsado jornadas de descongestión y planea acciones específicas para casos que involucran a mujeres. Ortiz subrayó que Tarija, por ser un departamento fronterizo, enfrenta delitos complejos como narcotráfico, trata de personas y violaciones, lo que exige mayor capacidad institucional.
El Tribunal Departamental de Justicia de Tarija se comprometió a avanzar con las jornadas de verificación y a generar información precisa sobre la situación de los detenidos preventivos. “No vamos a permitir que las limitaciones humanas sean excusa para que los procesos no avancen”, concluyó Ortiz.