La campaña electoral en Tarija se tensiona con la confirmación de una tercera demanda de inhabilitación contra el candidato Mario Cossío. El recurso fue presentado por una militante de la agrupación UNIR (Unidos para Renovar), lo que ha desatado sospechas de un trasfondo político en la ofensiva judicial.
La acción busca impedir la candidatura de Cossío bajo dos cuestionamientos principales:
– No cumplir con los dos años de residencia exigidos por ley.
– No contar con la condición de refugiado político en Paraguay.
Estos puntos se suman a las observaciones previas, entre ellas la apelación presentada por el jurista Juan José Aramayo Camacopa, que mantiene al exgobernador “en la cuerda floja” a la espera de una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La decisión del TSE será determinante: podría definir si Cossío continúa en la papeleta de las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026. El caso se ha convertido en un símbolo de las contradicciones del sistema electoral, acusado de favorecer a unos candidatos mientras excluye a otros.
Desde la Alianza Patria, su vocero denunció que se está “instrumentalizando” a militantes de otros partidos para presionar al sistema electoral. En la misma línea, Fabián Ochoa, candidato a Asambleísta Departamental, afirmó que se intenta fabricar una narrativa de culpabilidad contra la alianza, justo cuando la campaña avanza con normalidad.
Por su parte, el bloque que respalda a Cossío asegura que la candidatura está “blindada jurídicamente” y confía en que el Tribunal actuará conforme a norma.