Rafael “Tata” Quispe, exdiputado y figura clave en la denuncia del millonario desfalco del Fondo Indígena, enfrenta una sentencia judicial de 2 años y 10 meses de prisión por una denuncia interpuesta por Felipa Huanca, exdirigente de la Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”.
El caso se remonta a 2015, cuando Huanca acusó a Quispe de acoso político y violencia contra la mujer, alegando que sus declaraciones públicas afectaron su candidatura a la Gobernación de La Paz. Quispe, por su parte, sostiene que su rol como diputado le otorgaba facultades de fiscalización, y que su denuncia contra Huanca se basó en presuntas irregularidades vinculadas al Fondo Indígena.
“Me ofrecieron no ir preso si aceptaba responsabilidad”
En declaraciones a Radio Fides, Quispe reveló que se le ofreció evitar la cárcel si aceptaba culpabilidad, pero rechazó el trato. “No me voy a correr, no me esconderé”, afirmó, insistiendo en que su único “delito” fue denunciar la corrupción.
La sentencia fue emitida por el Tribunal 1° de Sentencia Anticorrupción de La Paz, que determinó su reclusión en el penal de San Pedro. Aunque la condena permite acogerse a un perdón judicial por ser menor a tres años, Quispe se negó a esa opción, argumentando que implicaría admitir culpa.
¿Justicia o persecución?
El caso ha generado controversia en la opinión pública. Quispe denunció que la sentencia busca inhabilitarlo políticamente, especialmente en momentos clave de su carrera. “Es un hecho sui generis a nivel mundial que se sentencie a un denunciante de corrupción”, declaró.
Mientras tanto, Huanca no fue incluida en la lista de acusados por el caso del Fondo Indígena, lo que ha levantado críticas sobre el tratamiento desigual en los procesos judicial