En un importante avance hacia la protección de los estudiantes y la erradicación de la violencia en el ámbito educativo, el director departamental de Educación, Sergio Gallardo, informó que durante su gestión se ejecutaron seis procesos administrativos que derivaron en la baja definitiva de seis funcionarios —entre docentes y personal administrativo— acusados de abuso sexual en unidades educativas del departamento.
Gallardo destacó que estos casos fueron tratados con celeridad y firmeza, en cumplimiento de los protocolos establecidos por los decretos supremos 1302 y 1320, que obligan a suspender de sus funciones a los acusados desde el momento en que se formaliza una imputación. “No se puede permitir que personas con denuncias de esta naturaleza permanezcan en contacto con estudiantes”, afirmó.
La situación en Tarija refleja una problemática más amplia. Según datos estadísticos, entre enero y junio de 2024 se registraron al menos 50 denuncias contra maestros por presunto acoso sexual a estudiantes en diferentes establecimientos educativos del departamento. Estas cifras revelan una preocupante tendencia que ha encendido las alarmas en las autoridades educativas y organizaciones de padres de familia.
Además, informes anteriores de la Dirección Departamental de Educación indican que entre 2018 y 2019 se presentaron 18 casos de abuso sexual, de los cuales nueve profesores fueron sentenciados y otros nueve continúan en proceso de investigación. La mayoría de estos hechos ocurrieron en zonas rurales, donde el acceso a mecanismos de denuncia y protección es más limitado.
Florencia Irahola, presidenta de la Junta Nacional de Padres de Familia, subrayó la importancia de que los directores de unidades educativas denuncien inmediatamente ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia cuando se detectan estos casos. Asimismo, explicó que se conforman tribunales disciplinarios con participación de padres de familia para garantizar un proceso justo, sin revictimización y respetando la presunción de inocencia.
La Dirección Departamental de Educación se ha comprometido a continuar con la vigilancia activa y el acompañamiento legal en cada caso, apersonándose ante juzgados y fiscalías como parte coadyuvante. “La seguridad de nuestros estudiantes es prioridad. No vamos a tolerar ningún tipo de violencia en nuestras escuelas”, concluyó Gallardo.