La concejal municipal Raquel Ramos ha denunciado públicamente una serie de irregularidades en torno a la implementación del sistema de fotomultas en la ciudad de Tarija. Las observaciones abarcan desde el incumplimiento de normativas legales hasta posibles violaciones a la privacidad de los ciudadanos.
Entre los aspectos más críticos señalados se encuentra el incumplimiento del plazo legal de 20 días hábiles para remitir contratos al Concejo Municipal, como exige la normativa vigente. Asimismo, las multas económicas impuestas no cuentan con respaldo normativo aprobado por el órgano legislativo municipal, lo cual pone en entredicho su legalidad.
Otro de los puntos controversiales es el elevado monto de las sanciones, que ascienden a 342 bolivianos por infracción, a diferencia del rango habitual de entre 50 y 80 bolivianos. Lo más alarmante, según la concejal Ramos, es que el 50% de cada multa (equivalente a 170 bolivianos) va directamente a una empresa privada extranjera encargada del sistema. En cifras diarias, esta empresa podría recibir hasta 170 mil bolivianos por la operación de cinco cámaras.
La denuncia también incluye la aparente transferencia de competencias que, por ley, son exclusivas del gobierno municipal. Las leyes SAFCO y de Autonomías prohíben delegar funciones coercitivas de recaudación a terceros, lo cual estaría ocurriendo con el contrato actual.
Vulneración a la privacidad
Finalmente, se ha puesto en evidencia una posible vulneración al derecho a la privacidad, ya que se habrían compartido datos personales de los ciudadanos —como teléfonos, direcciones y ubicaciones— sin contar con los resguardos legales necesarios para su protección.
Ramos exhorta al alcalde municipal a corregir estas irregularidades con asesoramiento jurídico calificado y a garantizar el respeto de la legalidad, la transparencia en la gestión pública y la protección de los derechos fundamentales de los tarijeños.