La reciente declaración de la presidenta peruana Dina Boluarte, en la que incluyó a Bolivia en una lista de “Estados fallidos” junto a Cuba y Venezuela, ha generado una fuerte reacción diplomática desde La Paz. El gobierno boliviano expresó su “enérgico rechazo” y calificó las palabras de Boluarte como “inadmisibles”.
Durante su mensaje a la nación por el Día de la Independencia del Perú, Boluarte afirmó que su gestión evitó que el país se convirtiera en “un país fallido como Cuba, Venezuela y Bolivia”, al renunciar a un proyecto político que, según ella, conducía a la destrucción institucional y económica. La mandataria defendió su permanencia en el cargo tras la destitución de Pedro Castillo, asegurando que su decisión preservó el orden democrático.
Ante la controversia, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, descartó cualquier tipo de disculpa oficial. En entrevista con RPP, Schialer sostuvo que las declaraciones de Boluarte fueron sacadas de contexto y que se referían a indicadores económicos críticos como el desabastecimiento y el racionamiento. “No podemos tapar el sol con un dedo. No hay mea culpa que haya que hacer. La Presidenta solo describió un contexto objetivo”, afirmó.
Por su parte, el vicecanciller boliviano Elmer Catarina manifestó que las palabras de Boluarte “sorprenden y llaman la atención”, especialmente considerando los lazos históricos entre ambos países. Bolivia convocó al encargado de negocios de Perú en La Paz y anunció que solicitará un informe a su representante en Lima sobre la situación actual.
La tensión diplomática se da en un contexto de relaciones bilaterales que, hasta ahora, se habían mantenido en una agenda positiva, con cooperación en temas fronterizos, comerciales y ambientales, como el manejo compartido del lago Titicaca.
Dina Boluarte enfrenta una desaprobación histórica en Perú, con niveles de aceptación que rondan el 2% según encuestas recientes. Su discurso fue interrumpido por protestas dentro y fuera del Congreso, donde se le acusó de autoritarismo y se exigió justicia por las muertes ocurridas durante las manifestaciones de 2022 y 2023.