Ministro Álvaro Ruiz refuerza logística para bomberos forestales y llama a repensar leyes sobre incendios

En medio de una creciente emergencia ambiental que afecta a tres parques nacionales y seis municipios del departamento de Santa Cruz, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, anunció el fortalecimiento logístico para los bomberos forestales voluntarios y universitarios, como parte de un plan nacional de prevención de incendios.

Durante su intervención, Ruiz detalló la entrega de 60 mochilas especializadas —30 para bomberos universitarios vinculados a la carrera forestal y 30 para voluntarios— con un valor aproximado de 3.500 bolivianos cada una. “Estamos trayendo un material muy importante para afrontar la lucha contra el fuego y apoyar a quienes cuidan el medio ambiente”, afirmó.

El ministro también abordó la polémica sobre las llamadas leyes incendiarias, señalando que, aunque ha escuchado a varios diputados referirse al tema, “no he visto ninguna acción”. En ese sentido, aseguró que el gobierno ha trazado un camino claro hacia el “manejo integral del fuego”, un concepto que, según explicó, va más allá del tradicional chaqueo y busca controlar el fuego de forma estratégica.

Ruiz destacó la incorporación del Geflag, el Grupo de Expertos en Fuegos Forestales de Latinoamérica, como un hito histórico en la planificación nacional. “Por primera vez hemos traído al Geflag, que trabaja cabalmente el manejo integral del fuego”, subrayó.

Actualmente, Bolivia enfrenta seis incendios activos en Santa Cruz, con afectaciones en los parques nacionales Otuki y Nuevo del Mercado. Aunque se desconoce si hay personas aprehendidas, el ministro aclaró que las investigaciones están a cargo del Ministerio Público y la Procuraduría. “Nosotros apoyamos en logística. Los temas legales deben ser consultados con las autoridades correspondientes”, indicó.

Finalmente, Ruiz reveló que en 2024 se registraron 174 denuncias por incendios, pero solo siete casos avanzaron judicialmente. “Es un dato que no es menor”, concluyó, dejando entrever la necesidad de fortalecer no solo la prevención, sino también la respuesta legal ante delitos ambientales.