En una jornada marcada por la conmemoración del Día de la Mujer Boliviana, la Fiscalía presentó la imputación formal contra Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del presidente Luis Arce Catacora, por el presunto delito de violencia física contra su expareja, Mary C.C.B. La fiscal del caso, Jessica Echevarría, solicitó su detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola, alegando riesgo de fuga y posible obstaculización del proceso judicial.
La denuncia fue interpuesta el 18 de septiembre, cuando la víctima aseguró haber sido golpeada en la cabeza y otras partes del cuerpo por Arce Mosqueira. Dos días después, el 20 de septiembre, se emitió una orden de aprehensión. Sin embargo, hasta la fecha, la Policía no ha logrado ejecutar la orden, y se desconoce el paradero del acusado.
Ante la prolongada ausencia del imputado, el Ministerio Público anunció la activación de una alerta roja internacional a través de Interpol, en caso de que se confirme su salida del país. “Estamos agotando todos los recursos para ubicarlo y proceder con su extradición si corresponde”, declaró el fiscal Mariaca en rueda de prensa.
El proceso judicial continúa a pesar de que el 1 de octubre, la víctima presentó un recurso de desistimiento, presuntamente influenciada por su entorno familiar. La Fiscalía aclaró que, al tratarse de un delito de acción pública, el caso no puede ser cerrado por voluntad de la denunciante. “La investigación sigue su curso. No nos detendremos por presiones externas ni acuerdos privados”, afirmó la fiscal Echevarría.
Este caso ha generado una fuerte reacción en la opinión pública, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por el hecho de involucrar al entorno directo del jefe de Estado. Diversos colectivos feministas han exigido transparencia y celeridad en el proceso, mientras que sectores opositores denuncian un posible encubrimiento institucional.
La ausencia prolongada de Arce Mosqueira y la falta de resultados en su localización han abierto interrogantes sobre la eficacia de las autoridades en casos que involucran figuras de alto perfil. La Fiscalía insiste en que no habrá privilegios y que se aplicará la ley con rigor.