En un fallo histórico, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí dio curso a una Acción Popular presentada por el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), exigiendo medidas urgentes para preservar la integridad del Cerro Rico, símbolo patrimonial y minero de Bolivia.
La sentencia otorga un plazo de 31 días al Ministerio de Minería y Metalurgia, al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, y a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para que justifiquen las acciones adoptadas para estabilizar las gradientes del Cerro Rico, garantizando su estructura morfológica y la seguridad del terreno.
Como parte de la resolución, el tribunal ordenó el congelamiento de cuentas de los responsables en las instituciones mencionadas, en respuesta al incumplimiento reiterado de la Sentencia Constitucional 1062/2022, que prohíbe operaciones mineras por encima de la cota 4.400 metros sobre el nivel del mar.
La decisión judicial llega en medio de una creciente alarma por el deterioro de la cúspide del Cerro Rico, donde cráteres y grietas avanzan sin control, según estudios de la Universidad Autónoma Tomás Frías. En lo que va del año, casi 100 mineros han perdido la vida en condiciones precarias dentro de los socavones.
Alberto Pérez Ramos, presidente de COMCIPO, denunció que las autoridades han ignorado resoluciones previas y que la explotación continúa en zonas prohibidas, incluso con maquinaria pesada. “El Cerro Rico no puede seguir siendo un campo de ruleta rusa para nuestros jóvenes. Es hora de que el Estado actúe con responsabilidad”, declaró.