La Sala Constitucional Primera de Santa Cruz resolvió a favor del ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, y su hermano. El tribunal ordenó al vicepresidente Edmand Lara retirar todas sus publicaciones en redes sociales relacionadas con ellos. Además, se le prohíbe volver a difundir acusaciones similares.
La vocal Carla García señaló que las redes sociales tienen un impacto masivo y que las declaraciones de Lara vulneraron derechos fundamentales. Por su parte, el vocal Alaín Núñez afirmó que las publicaciones dañaron la reputación de los accionantes, justificando la tutela otorgada.
La decisión implica la eliminación de los contenidos ya publicados y la restricción de futuras acusaciones sin pruebas. También abre la vía para reclamos de daños morales en instancias ordinarias. Asimismo, se instruyó a la Vicepresidencia aplicar protocolos de declaraciones públicas y oficiar a las plataformas digitales para garantizar la eliminación de los contenidos.
El caso marca un precedente en Bolivia sobre el uso de redes sociales por autoridades públicas. La justicia reafirma que la libertad de expresión debe ejercerse con responsabilidad, especialmente cuando se trata de figuras de alto rango cuyas declaraciones pueden tener un impacto masivo en la opinión pública.
El fallo contra Lara es un freno institucional al uso irresponsable de las redes sociales. La justicia boliviana envía un mensaje claro: la reputación y la privacidad son bienes jurídicos protegidos y no pueden ser vulnerados bajo el pretexto de la denuncia pública.