El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba se declaró incompetente para juzgar a la expresidenta Jeanine Áñez, anuló los obrados del proceso y ordenó la remisión del expediente a la Fiscalía General del Estado para que se tramite un juicio de responsabilidades.
La decisión fue tomada tras una extensa audiencia que se prolongó por casi ocho horas y concluyó a medianoche del viernes. El tribunal también dispuso la libertad de los 18 acusados en el caso, levantando las medidas cautelares que pesaban sobre ellos.
Entre los procesados se encuentran exautoridades civiles y militares, incluyendo a los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, así como altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. El caso investiga los hechos ocurridos el 15 de noviembre de 2019 en el puente Huayllani, donde una intervención conjunta de militares y policías dejó al menos diez muertos y decenas de heridos durante una protesta de cocaleros.
La defensa de Áñez argumentó que el proceso debía seguir la vía del juicio de responsabilidades, dado que los hechos ocurrieron mientras ejercía la presidencia. Esta postura fue respaldada por el tribunal, que consideró que continuar el juicio por la vía ordinaria implicaría una vulneración del debido proceso.
La audiencia estuvo marcada por tensiones, pues representantes del GIEI y la CIDH fueron retirados del recinto, lo que generó críticas por la falta de transparencia. Activistas como David Inca denunciaron irregularidades en el desarrollo de la sesión, que fue declarada en cuarto intermedio por varias horas antes de conocerse el fallo.
Este pronunciamiento se suma al precedente del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto, que días antes también se declaró incompetente en el caso Senkata, otro proceso vinculado a la gestión de Áñez.
La resolución del tribunal de Sacaba no implica impunidad, sino un cambio de jurisdicción: será la Fiscalía General la encargada de impulsar el juicio de responsabilidades, que requiere autorización de dos tercios de la Asamblea Legislativa.