La senadora y exmagistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, denunció públicamente la existencia de maniobras judiciales destinadas a inhabilitar candidatos que no renunciaron a sus cargos públicos antes de postularse a nuevas funciones, a pesar de que una sentencia constitucional vigente permite dicha participación.
La denuncia surge luego de que la Sala Constitucional Segunda del Beni admitiera una acción popular que busca excluir a postulantes que continúan ejerciendo funciones públicas. Salame advirtió que esta medida pone en riesgo el proceso electoral y vulnera derechos políticos fundamentales.
El artículo 238 de la Constitución Política del Estado exige la renuncia previa de funcionarios públicos que deseen postularse a otros cargos, exceptuando al Presidente y Vicepresidente. Sin embargo, la Sentencia Constitucional 032/2019 establece que los cargos electivos no están obligados a renunciar para participar en comicios.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reaccionó con preocupación ante esta acción judicial, señalando que podría alterar el calendario electoral y afectar la estabilidad democrática del país. El vocal Gustavo Ávila del TSE enfatizó que “esta sentencia sigue vigente y debe ser respetada”.
En declaraciones a medios nacionales, Silvia Salame fue enfática al señalar que detrás de estas acciones judiciales existe una “cadena de corrupción” que busca boicotear las elecciones judiciales. Acusó directamente a magistrados prorrogados como Gonzalo Hurtado e Yván Espada de estar detrás de estas maniobras.
“Lo que puedo decirle a la ciudadanía, sin temor a equivocarme, es que detrás de todo esto hay un gravísimo estado de corrupción”, afirmó Salame, quien no descartó iniciar acciones penales contra los responsables.
La paralización del proceso de preselección de candidatos ha generado una ola de críticas por parte de exautoridades y juristas. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé calificó como “improcedente e inaceptable” la intervención de salas constitucionales en el proceso legislativo.
Además, se ha denunciado que hasta 15 amparos constitucionales podrían seguir paralizando el proceso, lo que podría llevar a la postergación de las elecciones judiciales o incluso de los comicios generales.