Denuncian irregularidades en el sistema de fotomultas en Tarija, los pagos van a empresa privada sin respaldo legal

La concejal Raquel Ramos denunció sobre presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas implementado por el gobierno municipal de Tarija, señalando que las notificaciones de cobro están siendo emitidas sin respaldo normativo y que los pagos están siendo dirigidos a una empresa privada.

Según Ramos, las boletas de infracción que comenzaron a llegar a la ciudadanía en julio y agosto incluyen el logo de la empresa Smart Solutions y hacen referencia al decreto edil 039. Sin embargo, tras revisar la Gaceta Municipal, la concejal afirma que dicho decreto no existe oficialmente, lo que pone en duda la legalidad de todo el procedimiento.

Todas las fotomultas y los pagos que se están generando son ilegales hasta el momento. El gobierno municipal está incurriendo en una irregularidad porque no hay normativa que respalde este sistema”, declaró Ramos.

Una de las denuncias más graves es que los pagos por infracciones no se están realizando a cuentas del gobierno municipal, sino directamente a una cuenta privada de Smart Solutions. Ramos mostró documentos que detallan el esquema de cobros:

La concejal cuestionó el impacto económico de estas multas en sectores vulnerables como los taxistas, señalando que una sanción de Bs. 270 representa una carga desproporcionada para quienes viven del trabajo diario.

Ramos informó que ha solicitado formalmente al gobierno municipal dejar sin efecto el contrato con Smart Solutions y enviar un proyecto de ley al Concejo Municipal para regular el sistema de fotomultas. Propone que las multas no excedan los Bs. 50 y que los fondos recaudados se reinviertan en infraestructura urbana.

No estamos en contra de la educación vial, pero esto debe tener un enfoque pedagógico y no punitivo. La plata de los tarijeños debe volver a las calles, no a cuentas privadas”, concluyó.

La denuncia ha generado preocupación entre vecinos y sectores del transporte, que exigen transparencia y legalidad en la gestión pública. El gobierno municipal aún no ha emitido una respuesta oficial.