Windsor Colque, vecino de Tarija, denunció públicamente haber sido víctima de extorsión por parte de efectivos policiales luego de adquirir un vehículo sin papeles, conocido en Bolivia como “auto chuto”. El caso revela presuntos sobornos, amenazas y complicidad institucional, poniendo en duda el control vehicular y la ética de funcionarios públicos en la región.
Colque compró un Nissan Tiida modelo 2006 en Patacamaya por 12.000 bolivianos, alentado por promesas de nacionalización vehicular hechas por candidatos presidenciales. Además, invirtió 1.500 bolivianos en placas y B-Sisa, confiando en regularizar el coche en el próximo gobierno.
Al intentar ingresar a Tarija, fue detenido en la tranca de San Miguel por un oficial identificado como “suboficial Colque”, quien le exigió 5.000 bolivianos para dejarlo pasar. El denunciante afirma tener una grabación del momento en que entregó el dinero.
Meses después, mientras pintaba un mural en apoyo al candidato Rodrigo Paz en San Lorenzo, fue abordado nuevamente por policías. Su vehículo fue trasladado a la EPI Moto Méndez, donde un agente le pidió apagar su celular y le exigió 5.000 dólares para liberar el auto sin dejar rastro. Ante su negativa, el monto bajó a 3.000 dólares.
Colque se negó a pagar y exigió el acta de decomiso, que inicialmente fue rechazada. Solo tras insistir y amenazar con mostrar pruebas grabadas, se formalizó el decomiso y se notificó a la Aduana Nacional.
Según Colque, los policías actuaron en coordinación. Incluso un funcionario de la Aduana le dijo: “Debías darles lo que te pidieron”. El denunciante respondió: “Esto es corrupción, parte de ustedes también”, y pidió que se inicie un proceso formal contra los implicados.
Este caso se suma a otros hechos recientes en Tarija, como el ataque a un recluso en Morros Blancos por negarse a pagar 10.000 dólares. Además, el ingreso de autos chutos ha aumentado, impulsado por propuestas de legalización de figuras políticas como Rodrigo Paz.
La ciudadanía exige acciones urgentes y firmes para erradicar la corrupción que vulnera los derechos de los bolivianos.