El candidato a diputado Sebastián Huerta encendió el debate fronterizo al denunciar el aumento del robo de vehículos en la región de Arica y Parinacota, vinculándolo directamente con la propuesta del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de nacionalizar autos indocumentados en caso de ganar las elecciones.

Huerta calificó la iniciativa como “una puerta abierta al crimen transnacional”, señalando que podría incentivar el ingreso de vehículos robados desde Chile hacia Bolivia. En declaraciones recientes, el candidato fue enfático: “Si esta medida se concreta, Chile debería quitarle la visa Mercosur a Bolivia”, en referencia al acuerdo que permite la libre circulación de ciudadanos entre países del bloque.
La preocupación de Huerta no es aislada. En las últimas semanas, Carabineros frustró el robo y salida del país de al menos tres vehículos en Arica, deteniendo a cuatro ciudadanos bolivianos indocumentados, entre ellos un menor de edad. Los autos, sustraídos durante la madrugada, eran conducidos por “chuteros” que pretendían llevarlos hacia Bolivia.
En paralelo, el gobierno boliviano anunció un plan de nacionalización para más de 200 mil vehículos sin documentación, incluyendo unidades con encargo por robo en Chile. La medida, según autoridades altiplánicas, busca regularizar el parque automotor y paliar la crisis de combustibles. Sin embargo, en Chile ha generado alarma en el Congreso y entre candidatos como Huerta, quienes exigen una respuesta diplomática firme.
“No podemos permitir que se legalice el robo. Nacionalizar autos robados es legitimar el delito y debilitar la cooperación internacional”, sostuvo Huerta, quien ha centrado su campaña en seguridad fronteriza y control migratorio.
El fenómeno del contrabando de vehículos se concentra especialmente en zonas como Colchane, Putre y Visviri, y ha sido objeto de acuerdos bilaterales entre Chile y Bolivia desde 2022. No obstante, la nueva política boliviana reabre el debate sobre la efectividad de dichos pactos y la urgencia de reforzar los controles.
Con esta denuncia, Huerta busca posicionarse como una voz firme ante el crimen organizado y la debilidad institucional en la frontera norte. Su propuesta de suspender la visa Mercosur a Bolivia, aunque polémica, apunta a presionar al país vecino para frenar el flujo de vehículos robados y evitar que la frontera se convierta en tierra de nadie.