Bolivia y Perú unen fuerzas contra el crimen organizado transnacional con nuevo Equipo Conjunto de Investigación

En un paso decisivo hacia la cooperación judicial regional, las fiscalías de Bolivia y Perú firmaron un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional que marca el nacimiento de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), orientado a enfrentar el crimen organizado y los delitos ambientales que afectan a ambos países.

El acuerdo fue suscrito por el fiscal general del Estado Plurinacional de Bolivia, Roger Mariaca Montenegro, y la fiscal de la Nación del Perú, Delia Espinoza Valenzuela, en un acto que contó con el respaldo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

“Este Acuerdo representa un paso firme hacia una cooperación más eficaz, directa y estratégica frente a estructuras criminales que no conocen fronteras”, afirmó Mariaca, subrayando el compromiso de ambos ministerios públicos con una justicia articulada y oportuna.

Espinoza, por su parte, destacó que la creación del ECI permitirá a los países involucrados “unir esfuerzos con base en la confianza, el intercambio de información oportuna y la acción decidida” frente a la criminalidad organizada transnacional.

El Equipo Conjunto de Investigación se consolidará como un mecanismo operativo de cooperación directa, que permitirá:

Compartir información clave bajo estrictas condiciones de confidencialidad

Aplicar técnicas especiales de investigación

Ejecutar entregas vigiladas y transmisiones espontáneas de datos

Llevar adelante procesos de persecución penal conjunta

Este modelo se alinea con convenios internacionales suscritos por ambos países y busca fortalecer la capacidad de respuesta frente a delitos complejos que trascienden fronteras.

Los principales ejes del trabajo del ECI se enfocarán en:

Tráfico ilícito de minerales

Minería ilegal

Contaminación ambiental

Legitimación de ganancias ilícitas (lavado de activos)

Trata de personas, narcotráfico y corrupción transnacional

Estas actividades criminales no solo amenazan el equilibrio ecológico de la región andina, sino también la seguridad de las comunidades fronterizas.

La representante de UNODC en Bolivia, Mónica Mendoza Betacourt, expresó su reconocimiento al esfuerzo de ambas fiscalías y reafirmó el compromiso del organismo en seguir apoyando iniciativas que fortalezcan la cooperación regional y la lucha contra el crimen organizado.