El Gobierno boliviano ha anunciado el mayor operativo policial en la historia electoral del país: 27.212 efectivos serán movilizados el domingo 19 de octubre para garantizar la seguridad durante la segunda vuelta presidencial, que enfrentará a Jorge Tuto Quiroga (Libre) y Rodrigo Paz (PDC).
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó que el operativo representa un incremento del 240% respecto a comicios anteriores. La medida busca asegurar la cadena de custodia del material electoral, proteger los recintos de votación y los centros de cómputo, y prevenir cualquier incidente que pueda alterar la jornada democrática.
La planificación fue definida en una reunión entre Ríos, el comandante general de la Policía, Augusto Russo, y la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El centro de control estará ubicado en el Bol-110, en La Paz, desde donde se coordinarán las acciones en los nueve departamentos del país.
La segunda vuelta se produce tras una primera jornada electoral celebrada el 17 de agosto, considerada la más observada en la historia boliviana, con más de 3.500 veedores nacionales e internacionales. Para este nuevo proceso, la Unión Europea ha desplegado 32 observadores de largo plazo, que serán reforzados por otros 88 en los próximos días, alcanzando un total de 120 observadores el día de la votación.
El TSE ha iniciado la distribución de más de 9.000 maletas electorales, que incluyen papeletas, certificados de sufragio y ánforas, bajo estrictos controles de calidad y vigilancia militar. En departamentos como Santa Cruz y La Paz, el armado del material ya está en marcha.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, aseguró que no existe interferencia judicial en el proceso y que se garantizará una transición ordenada tras el balotaje. La denuncia institucional contra magistrados del Tribunal Constitucional busca evitar cualquier intento de boicot al calendario electoral.
Más de 7,5 millones de ciudadanos están habilitados para votar en Bolivia, mientras que 369.000 bolivianos podrán hacerlo desde el exterior. El operativo policial y el despliegue de observadores buscan blindar un proceso que definirá al próximo presidente en un clima de alta polarización y creciente desconfianza institucional.