En una decisión sin precedentes, el Tribunal Agroambiental de Bolivia ha ordenado la ejecución inmediata de medidas cautelares de oficio para contener los incendios forestales que ya han devastado más de 4.4 millones de hectáreas en el país. La resolución, que entrará en vigencia desde el lunes 8 de septiembre, fue adoptada en medio de una audiencia pública que debió ser suspendida temporalmente por incidentes procesales y recursos legales interpuestos por diversas entidades.
El presidente del Tribunal, Cristian Méndez, explicó que la decisión se ampara en el artículo 315 del Código Procesal Civil (Ley 439), que permite dictar medidas ambientales sin necesidad de audiencia previa cuando existe peligro inminente. “Desde el día lunes se inicia la fase de ejecución de estas medidas cautelares que fueron decretadas de oficio ante la existencia de peligro inminente”, declaró Méndez, subrayando la magnitud de la catástrofe ecológica que enfrenta Bolivia.
Las medidas incluyen la prohibición total de chaqueos, quemas a cielo abierto y actividades de desmonte en zonas con cobertura forestal. La audiencia pública, que se reanudará el 8 de septiembre, había convocado a autoridades territoriales, representantes del gobierno central, activistas ambientales y organizaciones de la sociedad civil como la Fundación TIERRA, que participó como amicus curiae.
La resolución también se sustenta en el Acuerdo de Escazú, ratificado por Bolivia mediante la Ley 1182 de 2019, que faculta a los Estados a tomar medidas precautorias para mitigar daños graves al medio ambiente. El Tribunal recordó que ningún incidente ni recurso legal puede suspender la ejecución de estas medidas, dada la urgencia de la situación.
Actualmente, Bolivia enfrenta múltiples focos de calor en departamentos como Santa Cruz y Beni, donde se han reportado incendios activos en áreas cercanas a reservas forestales como el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. La presión de colectivos ambientales y la falta de respuesta institucional previa llevaron al Tribunal a reactivar el proceso iniciado en julio, que había quedado en suspenso por obstáculos procesales.
La ejecución de las medidas cautelares marca un punto de inflexión en la lucha contra los incendios forestales en Bolivia. Aunque la audiencia continuará el 8 de septiembre, las acciones judiciales ya están en marcha. Las autoridades tienen tres días hábiles para responder a los recursos pendientes, pero la protección ambiental no esperará.