El precio del pan de batalla en La Paz subió de 0,50 a 0,80 bolivianos por unidad, tras un acuerdo alcanzado entre panificadores y representantes del Gobierno. La medida responde al levantamiento de la subvención estatal que mantenía el costo anterior y se aplica a piezas de 60 gramos. Los dirigentes panaderos sostienen que el ajuste busca fortalecer la economía nacional.
El vocero del gremio confirmó que la decisión fue consensuada entre independientes y federados, lo que implica el cese de la subvención. En cuanto a la harina subvencionada pendiente de entrega, se informó que el reembolso del dinero aportado se realizará con la llegada del nuevo gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
La noticia generó rechazo inmediato en sectores sociales. Gregorio Gomes, representante del control social de El Alto, señaló que la población no está en condiciones de asumir el alza y pidió a las autoridades municipales de La Paz y El Alto la clausura de los negocios que implementen el nuevo precio. También solicitó investigar a los dirigentes panificadores por el presunto daño económico que provocan a la ciudadanía.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, declaró que “el precio del pan no se puede mover” y exigió arraigo contra los dirigentes panaderos, acusándolos de afectar la salud pública y la economía familiar. Por su parte, el viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, ratificó que el pan debe mantenerse en 0,50 bolivianos y 60 gramos, denunciando la existencia de “mafias” dentro del sector.
Incluso colectivos ciudadanos se sumaron a la protesta. El Movimiento Naranja presentó una acción popular contra los panificadores, alegando vulneración del derecho a la alimentación y la salud.
El incremento del pan de batalla se ha convertido en un conflicto abierto entre panificadores, Gobierno y autoridades municipales. Mientras el gremio defiende la medida como una salida económica, sectores sociales y políticos la consideran un atropello a los derechos fundamentales de la población.