Jhonatan López Rodríguez, hijo de la alcaldesa de San Ramón (Beni), fue ejecutado la noche del domingo en la plaza principal del municipio. Recibió 32 disparos desde una camioneta Fortuner, según confirmó el viceministro de Régimen Interior y Policía, general Jhonny Aguilera. La cifra, según expertos, revela un mensaje de extrema violencia y profesionalismo criminal.
Las autoridades vinculan el crimen a una disputa entre organizaciones criminales que operaban bajo el entorno del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y la estructura de Yasser Andrés Vásquez Cardona, alias ‘Coco Vázquez’. El ataque se interpreta como una advertencia a terceros y una demostración de capacidad operativa frente a rivales.
En otros hechos similares, se han registrado letreros con consignas como “Matemos al sapo” o “Que muera el Colla”, lo que refuerza la tesis de ejecuciones selectivas con carga simbólica. El número de disparos también responde a una lógica de eliminación total y de intimidación pública.
López Rodríguez había sobrevivido a un atentado en abril en el Cambódromo de Santa Cruz, donde su acompañante murió. La Policía vincula ese ataque al clan Marset y a una vagoneta blanca que reapareció en hechos violentos este año, pese a haber sido devuelta a un supuesto propietario.
La hipótesis oficial sostiene que López cambió de bando dentro de la estructura criminal, lo que habría precipitado su ejecución.
Aguilera detalló la complejidad operativa en Beni: uso de pontones, lanchas y rutas fluviales para el traslado de sicarios. Se investiga la participación de efectivos navales, algunos ya detenidos, y se han remitido informes con nombres de “pilotos” y enlaces logísticos.
El viceministro denunció trabas judiciales: siete solicitudes de allanamiento fueron rechazadas en el último mes. Recordó que en octubre de 2023 se hallaron armas largas y combustible para avionetas en domicilios vinculados a la alcaldesa, lo que derivó en su denuncia contra el Ministerio de Gobierno y la separación de esa cartera de las pesquisas sobre Marset.
“No vamos a dejar de perseguir a estas estructuras”, afirmó Aguilera.
En paralelo, la Policía de Santa Cruz investiga el posible secuestro o atentado contra Ívar García, alias ‘El Colla’, presunto testaferro de Marset. El propio Marset difundió recientemente un video con amenazas que el Gobierno considera verídicas.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, y la Fiscalía analizan medidas de protección y solicitudes de testigo protegido para García. Expertos advierten sobre la necesidad de transparencia, recordando casos como el asesinato del capitán José Carlos Aldunate, donde surgieron dudas por la rapidez en la identificación de sospechosos.