La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó el proyecto de ley N.º 259/2024-2025 C.S., que establece el cese de funciones de los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La norma fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión.
La iniciativa, impulsada por la senadora Silvia Salame, busca poner fin a la polémica continuidad de magistrados cuyo mandato concluyó en diciembre de 2023. Pese a ello, varios de ellos permanecen en funciones tras la anulación parcial de las elecciones judiciales de 2024 en siete departamentos, debido a incumplimientos en paridad de género y representación indígena.
La ley propone que el TCP y el TSJ operen exclusivamente con los magistrados elegidos el 15 de diciembre de 2024, mientras se completa el proceso de selección en las regiones donde la convocatoria fue declarada desierta. En total, fueron electas 19 de las 26 autoridades judiciales previstas.
Entre los magistrados que continúan en sus cargos figuran Carlos Alberto Egüez (TSJ-Beni), Ricardo Torres Echalar (TSJ-Pando), Gonzalo Hurtado (TCP-Beni), René Espada (TCP-Pando), Karem Gallardo (TCP-Cochabamba), Isidora Jiménez (TCP-Santa Cruz) y Julia Cornejo (TCP-Tarija).
La senadora Salame defendió la norma como una vía legal para evitar un vacío de poder y garantizar certeza jurídica. Advirtió que un eventual cese unilateral por parte del próximo Gobierno podría interpretarse como una vulneración a la independencia de poderes.
Aunque el Senado dio luz verde al proyecto, su aprobación definitiva depende ahora de la Cámara de Diputados. La senadora promotora reconoció que existe incertidumbre sobre su viabilidad legislativa antes del cierre de la actual gestión.