Desde tempranas horas de la mañana, ciudadanos, autoridades departamentales y representantes nacionales se congregaron frente al Tribunal Supremo de Justicia en La Paz, exigiendo la liberación del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, cuya detención preventiva ha superado los seis meses establecidos por ley.
Con pancartas, consignas y llamados a la independencia judicial, los manifestantes denuncian lo que consideran un “secuestro político” y una violación flagrante a los derechos humanos. “Estamos esperando desde las 10 de la mañana y hasta el momento no pasa nada”, expresó en vivo una diputada presente en el lugar, visiblemente frustrada por la falta de avances.
La audiencia de modificación de medidas cautelares fue convocada por el Tribunal Sexto de Sentencia, en cumplimiento de una instrucción emitida por el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, quien ordenó revisar los plazos legales de detención en los casos de Camacho, Jeanine Áñez y Marco Antonio Pumari. La defensa del gobernador solicitó su libertad irrestricta, argumentando que ya no existen riesgos procesales ni de fuga.
Además, se espera que mañana se celebre una segunda audiencia relacionada con el caso del paro de los 36 días, otro proceso que mantiene a Camacho bajo detención preventiva. “Esperamos que la justicia sea independiente y que no haya ningún tipo de intromisión política”, declaró la diputada, reflejando el sentir de muchos ciudadanos que ven en este proceso una prueba de fuego para la institucionalidad boliviana.
Mientras tanto, el Comité Cívico de Tarija se ha declarado en estado de emergencia, calificando la detención como una “decisión injusta y abusiva” que vulnera el estado de derecho. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija también se pronunció, denunciando un “terrorismo de Estado” por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional.