
El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, Oscar Lino Gutiérrez, brindó este lunes una declaración pública para esclarecer el proceso de otorgación de personerías jurídicas a organizaciones políticas y abordar las denuncias que involucran a la agrupación ciudadana NASUR, actualmente bajo investigación por presunta falsificación de firmas.
Gutiérrez explicó que el procedimiento para constituir una organización política está regulado por la Ley 1096 y por reglamentos emitidos en 2019 y 2022 por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). A nivel departamental, el TED tiene competencia sobre agrupaciones de alcance municipal, regional y departamental, mientras que los partidos de alcance nacional son responsabilidad del TSE.
Para obtener la personería jurídica, los promotores deben presentar una serie de documentos: estatuto, acta fundacional, balance de apertura, declaración de principios, sigla, nombre y símbolo. Una vez evaluados técnicamente, el TED autoriza la entrega de libros para la recolección de firmas, proceso que se realiza en un plazo de 30 días bajo exclusiva responsabilidad de los promotores.
Presumimos la buena fe de los ciudadanos que impulsan estas agrupaciones. Los libros deben contener datos completos de los militantes, incluyendo firma y huella dactilar”, señaló Gutiérrez.
Sin embargo, en el caso de NASUR —agrupación que logró su reconocimiento en 2024 tras presentar más de 8.500 firmas— surgieron denuncias de ciudadanos que aseguran no haber otorgado su consentimiento. Ante esta situación, el TED remitió los antecedentes al Ministerio Público, donde ya se han abierto tres causas por presunta falsedad material, ideológica y uso de instrumentos falsificados.
Está en manos de la justicia ordinaria determinar responsabilidades. Nosotros como órgano electoral coadyuvamos con toda la documentación requerida”, afirmó Gutiérrez, quien aclaró que aún no se ha individualizado a los presuntos autores.
La situación de NASUR permanece bajo revisión judicial, y el TED se mantiene a la espera de las determinaciones que emitan las autoridades jurisdiccionales. Mientras tanto, el proceso pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control en la formación de nuevas agrupaciones políticas.