En una decisión que sacude el tablero judicial boliviano, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un instructivo de cumplimiento inmediato para verificar si se han respetado los plazos legales en las detenciones preventivas de tres figuras clave del escenario político nacional: Jeanine Áñez Chávez, Luis Fernando Camacho Vaca y Marco Antonio Pumari Arriaga.
La disposición, firmada por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, establece que todas las autoridades jurisdiccionales de los Tribunales Departamentales de Justicia deben proceder, en un plazo máximo de 24 horas desde su notificación, a revisar los plazos de las medidas cautelares impuestas contra los tres acusados.
Los implicados
– Jeanine Áñez, expresidenta transitoria, cumple una condena de 10 años por resoluciones contrarias a la Constitución en el caso conocido como Golpe de Estado II.
– Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, permanece en detención preventiva por su presunta participación en los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales en 2019. Su defensa denuncia que en diciembre se cumplirán tres años de encierro sin sentencia.
– Marco Antonio Pumari, exlíder cívico de Potosí, también se encuentra bajo detención preventiva por causas vinculadas a la crisis política de 2019.
El TSJ subraya que esta verificación debe realizarse inclusive de oficio, sin necesidad de requerimiento de parte, y que los jueces deben resolver conforme a derecho. La medida busca garantizar que las detenciones preventivas no excedan los límites establecidos por la ley, en apego a las garantías constitucionales y convenciones internacionales sobre derechos humanos.
Saucedo aclaró que esta acción no representa una intromisión en las competencias de los jueces, sino un compromiso institucional con la independencia judicial y la correcta administración de justicia.
La instrucción se da en medio de crecientes cuestionamientos sobre el uso prolongado de la detención preventiva en Bolivia, especialmente en casos de alto perfil político. La revisión ordenada por el TSJ podría abrir la puerta a cesaciones de detención o cambios en las medidas cautelares, dependiendo de los resultados que arroje cada proceso.