En el marco de las Elecciones Nacionales 2025, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó este domingo un informe parcial que revela un panorama preocupante sobre el desarrollo del proceso electoral. Según el reporte del Centro de Monitoreo de Derechos Humanos, se registraron 237 denuncias a nivel nacional durante la primera mitad de la jornada, de las cuales el 50% fue subsanado de manera inmediata.
La Paz lidera la lista con 105 casos, seguido por Oruro (50) y Beni (28). En contraste, Potosí reportó solo siete denuncias. El desglose completo es el siguiente:
| Departamento | Denuncias |
|————————|——————|
| La Paz | 105 |
| Oruro | 50. |
| Beni | 28 |
| Santa Cruz |. 16 |
| Chuquisaca | 13 |
| Tarija | 10 |
| Pando | 10 |
| Cochabamba | 8 |
| Potosí | 7 |
Entre los hechos más recurrentes se identificaron:
– 46 casos vinculados al voto preferente
– 32 dificultades en la emisión de certificados de impedimento
– 31 mesas de sufragio no habilitadas en el horario establecido
– 29 denuncias por ausencia de puntos de información
La Defensoría del Pueblo movilizó a 700 defensores voluntarios y 200 servidores defensoriales, quienes realizaron 450 acciones de verificación, incluyendo visitas a 10 centros penitenciarios. El informe destaca que:
– El 27% de los recintos no contaban con facilidades de acceso para personas con discapacidad
– El 43% registró solicitudes de voto asistido
– El 40% tenía espacios habilitados para este fin
– El 97% contó con presencia de efectivos de la Policía Boliviana
Además de los recintos electorales, se supervisaron actividades en 10 centros penitenciarios, tres recintos militares y seis centros de salud. Uno de los casos más relevantes ocurrió en Tarija, donde 23 adolescentes habilitados para votar fueron inicialmente impedidos de salir del centro donde residen. La intervención de la Defensoría permitió que emitieran su voto de manera libre y acompañados por sus educadores.
Estas elecciones han sido calificadas como las más observadas de la historia boliviana, con la participación de siete misiones internacionales, dos nacionales y más de 3.500 veedores. La Defensoría del Pueblo ha jugado un rol clave en garantizar el respeto a los derechos ciudadanos en un contexto de alta tensión política y social.