El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, encendió las alarmas este lunes al declarar que, de comprobarse un negociado entre el dirigente de los panificadores, Rubén Ríos, y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), se trataría de un acto de corrupción que debe ser sancionado penal y administrativamente.
Silva solicitó al Ministerio Público abrir una investigación de oficio tras recibir una carta que detalla la presunta venta irregular de harina por parte de Ríos, quien además es presidente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol). Según la denuncia, Ríos sería propietario de una importadora que vende harina a EMAPA a precios elevados, mientras se beneficia del mismo insumo subvencionado para su propio negocio.
El viceministro también mencionó al periodista John Arandia, indicando que recibió denuncias del sector panificador sobre el acopio de harina subvencionada para su posterior reventa en el mercado privado. “Hay panificadores que reciben el quintal de harina a Bs 109 y luego lo reenvasan para venderlo por encima de los Bs 400”, advirtió Silva.
El conflicto surge en medio de una crisis en la producción del pan de batalla, cuyo precio se mantiene en Bs 0,50 gracias a los subsidios estatales. Sin embargo, panificadores independientes denuncian que el modelo actual favorece a ciertos dirigentes y empresas, mientras pequeñas panaderías enfrentan pérdidas de hasta el 63% sin acceso regular a la harina subvencionada.
Ni Rubén Ríos ni EMAPA han emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones, pese a los reiterados intentos de contacto por parte de medios como ANF. Mientras tanto, el Gobierno advierte que se suspenderá la subvención a quienes vulneren los convenios establecidos.