Ante las protestas del sector salud, el Director de Políticas Públicas de la Gobernación de Tarija, Lic. Andrés Castellanos, aclaró que la actual crisis económica impide al Gobierno Departamental seguir asumiendo responsabilidades que no le competen, como la contratación de personal de salud en centros de primer y segundo nivel.
“Con la caída de los recursos económicos, es insostenible para la Gobernación continuar financiando ítems que son competencia del nivel central. Hemos solicitado formalmente al Ministerio de Salud la migración de estos ítems, porque es esa instancia la que debe asumirlos, tal como establece la Constitución Política del Estado”, señaló Castellanos.
La autoridad informó que incluso existe un informe de la Contraloría General del Estado que observa el hecho de que la Gobernación haya asumido en el pasado competencias que no le correspondían legalmente.
“No solo que no es nuestra obligación, sino que además tenemos observaciones legales por haber asumido gastos que debieron correr por cuenta del Gobierno Nacional. El reclamo debe ir al Ministerio de Salud, no a la Gobernación”, enfatizó.
Además, señaló que ya se han realizado todas las gestiones ante el Ministerio de Salud para que asuman esta competencia, pero que hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta.
Respecto al pago del bono de vacunación, Castellanos explicó que este beneficio está establecido por la Ley 3302 del Presupuesto General del Estado de 2006, cuando las prefecturas aún dependían del gobierno central, y que la mayoría de quienes lo exigen hoy no son funcionarios de la Gobernación.
“Este bono viene de una ley anterior a la autonomía. La gran mayoría de quienes lo reclaman tienen ítems ministeriales o del Tesoro General de la Nación. No trabajan para la Gobernación, entonces ¿por qué deberíamos pagarles nosotros? Deberían exigirle el pago a sus verdaderos empleadores”, cuestionó.
Según el Director de Políticas Públicas, el monto solicitado por el sector salud asciende a 8 millones de bolivianos, lo que representa una carga fiscal insostenible, considerando que el departamento ya enfrenta múltiples obligaciones.
“Algunos dicen que otras gobernaciones pagan este bono, pero no dicen que esas gobernaciones no tienen programas como el PROSOL, la Canasta Alimentaria o una deuda millonaria heredada de gestiones anteriores. Nosotros sí”, recalcó.
Para finalizar, Castellanos advirtió que ya no se vive la época de bonanza económica, y que en anteriores gestiones asumieron de forma irresponsable los recursos que manejaba la Gobernación y pagaron competencias que no eran departamentales.
“Este mes presupuestamos 35 millones de bolivianos y solo llegaron 18. La época en la que se asumían compromisos irresponsablemente terminó. Hoy no vamos a pagar obligaciones que no nos corresponden legalmente ni financieramente”, concluyó.