El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija recibió un revés en su intento de aliviar la crisis presupuestaria. El secretario de Economía y Finanzas, Fernando Romero, confirmó que el Gobierno nacional negó la solicitud de reprogramación de la deuda pública departamental. La respuesta se basó en un impedimento legal, ya que gestiones anteriores ya modificaron los mismos créditos.
Riesgo de bloqueo financiero
La negativa coloca a la Gobernación en una situación crítica. La normativa contractual establece un “efecto dominó”: si se incumple un solo crédito, se bloquean automáticamente los desembolsos de más de ocho préstamos vigentes. Esto amenaza la continuidad de proyectos estratégicos en el departamento.
Medidas de emergencia
Para evitar que la crisis paralice obras clave, la Gobernación activó un plan de contingencia. Se priorizó el pago a la empresa constructora del Hospital Oncológico, con el objetivo de garantizar que la obra sanitaria no se detenga por falta de liquidez.
Propuesta de canje de deuda
El equipo jurídico de la Gobernación planteó al nivel central una alternativa: utilizar los 88 millones de bolivianos que el Estado adeuda a Tarija por la retención del 12% del IDH para amortizar las deudas bancarias.
Reclamo político
Romero advirtió que la salida real a esta crisis no depende de tecnicismos legales, sino de una verdadera voluntad política del Órgano Ejecutivo central para evitar el congelamiento de los proyectos del sur.