El dirigente campesino Vicente Salazar fue detenido el 4 de julio de 2026 en un operativo policial en El Alto. Su captura está vinculada a los 53 días de bloqueos de carreteras que paralizaron Bolivia entre mayo y junio, generando una crisis nacional.
El Ministerio Público lo acusa de delitos graves: instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos. Según el Código Penal boliviano, las penas por estos delitos pueden variar entre 2 y 20 años de prisión, dependiendo de la gravedad comprobada en juicio.
Los bloqueos tuvieron consecuencias dramáticas. Hospitales reportaron muertes por falta de oxígeno y medicamentos, mientras que sectores productivos y comerciales sufrieron pérdidas superiores a 3.000 millones de dólares. Además, se registraron al menos 16 fallecidos durante el conflicto, lo que intensificó la presión social y política.
La detención de Salazar generó reacciones inmediatas. El Ministerio de Gobierno aseguró que la captura busca evitar la impunidad de quienes paralizaron el país. El Comité Cívico de Santa Cruz celebró la medida como un paso hacia la rendición de cuentas. En contraste, sectores afines al expresidente Evo Morales respaldaron las protestas, ampliando la tensión política y el debate sobre la legitimidad de las movilizaciones.
En resumen, la detención de Vicente Salazar marca un punto de inflexión en la crisis boliviana: un dirigente acusado de terrorismo y otros delitos enfrenta ahora la justicia, mientras el país sigue dividido entre quienes ven en su captura un acto de justicia y quienes la interpretan como persecución política.