La Federación Túpac Katari y Bartolina Sisa, junto a organizaciones sociales, enviaron una carta al presidente Rodrigo Paz. El documento fija cinco condiciones de acercamiento y da al Gobierno un plazo de 24 horas para cumplirlas. De lo contrario, se masificarán las protestas sociales.
La primera exigencia se refiere al combustible adulterado. Los campesinos piden la creación de una comisión de control en frontera, la anulación de contratos con proveedores que incumplan estándares de calidad y el resarcimiento por daños a vehículos y maquinarias.
El segundo punto plantea un alivio económico. Se solicita el congelamiento de intereses y multas por seis meses en créditos vigentes, como medida de apoyo a transportistas, gremiales, artesanos y productores afectados por la crisis.
La tercera condición exige la abrogación de decretos inconstitucionales. Según las organizaciones, estas normas facilitan la minería sin control, permiten contaminación ambiental y abren la puerta a la privatización de combustibles.
El cuarto punto demanda una amnistía presidencial. Se pide la liberación de detenidos en conflictos sociales, la restitución de garantías sindicales y la reparación integral a las víctimas de enfrentamientos.
Finalmente, el quinto punto exige la abrogación de la Ley 1740, que regula estados de excepción. Los campesinos rechazan el uso del Ejército en protestas sociales, al considerarlo inconstitucional y un riesgo para la vida de los bolivianos.
Las organizaciones remarcan que las cinco exigencias son irrenunciables y no admiten modificaciones. El plazo de 24 horas es presentado como prueba de “buena fe” del Gobierno para resolver la crisis.